Publicado el 29-01-2025 | Autor: Un cibernauta milenario
El proceso judicial tras la dana de octubre: los afectados buscan justicia
La catástrofe de la dana que azotó la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2023 dejó profundas huellas en los municipios afectados. Con más de 220 víctimas mortales y decenas de personas desaparecidas, la tragedia no solo alteró la vida cotidiana de los afectados, sino que también desencadenó un proceso judicial en busca de responsabilidades por la falta de actuación adecuada de las autoridades competentes.
Más de un centenar de personas afectadas por la dana han tomado una decisión trascendental: presentar una querella contra varios miembros del Gobierno valenciano y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Los querellantes acusan a estos responsables de presuntos delitos como homicidio imprudente, lesiones imprudentes y daños materiales, debido a la inacción que consideraron fatal en los momentos previos a la tragedia.
El equipo legal de la Asociación de Damnificados Horta Sud Valencia presentó la querella en los juzgados de Valencia. En la documentación, que incluye una cronología detallada de los hechos, se identifican a los responsables y sus decisiones omitidas. La querella abarca a figuras clave del Gobierno valenciano como Salomé Pradas, exconsellera de Justicia y responsable de Emergencias, y otros altos cargos de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).
El proceso judicial es el mayor de este tipo presentado hasta la fecha en relación con la dana. La querella busca esclarecer los eventos ocurridos, que culminaron en la tragedia del 29 de octubre. A pesar de que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no está incluido en la querella debido a su estatus aforado, se ha solicitado su declaración testifical para arrojar luz sobre la falta de intervención oportuna.
Según el abogado que representa a los afectados, Manuel Hernández, el objetivo principal de esta querella es asegurar que se abra una investigación exhaustiva que permita conocer la responsabilidad de los implicados. En paralelo, se está trabajando en una demanda de responsabilidad patrimonial contra las administraciones públicas, que será presentada antes de octubre de 2025.
Uno de los puntos más críticos de la querella es la omisión de una alerta temprana que, según los demandantes, podría haber evitado muchas de las muertes. A las 15:00 horas del día 29 de octubre, las autoridades competentes ya contaban con información suficiente sobre la gravedad de la situación. Sin embargo, la activación del sistema de alertas ES-Alert no ocurrió hasta las 20:11 horas, cuando ya los barrancos y ríos se habían desbordado, causando los desastres.
Los afectados argumentan que, de haberse activado la alerta a tiempo, la magnitud de la tragedia podría haberse reducido. Christian Lesaec, presidente de la Asociación Damnificados Horta Sud Valencia, destacó que la falta de previsión, sumada a la inacción y a la actuación tardía, dejó a los ciudadanos expuestos a un riesgo innecesario. La comunidad no fue debidamente advertida, y muchos siguieron llevando a cabo sus actividades cotidianas sin conocer la gravedad de la amenaza.
Para los damnificados, la situación no solo se trata de la tragedia que vivieron, sino también de la sensación de desamparo frente a las autoridades. La falta de respuesta oportuna por parte de las administraciones públicas y el sistema de emergencia dejó una huella difícil de superar. Para los afectados, es fundamental que los responsables de esta gestión negligente enfrenten las consecuencias legales de sus decisiones.
"No podemos permitir que los responsables de esta tragedia queden impunes. Vamos a luchar para que los culpables respondan ante la justicia, y pediremos ayuda al poder judicial para que nos ayude a investigar y descubrir quién falló en su deber."
El camino hacia la justicia será largo. A medida que se desarrollen los procedimientos legales, los afectados seguirán buscando respuestas claras. La querella no solo exige sanciones punitivas para los responsables, sino también una compensación económica por los daños sufridos. La esperanza de los damnificados es que, al final de este proceso judicial, la verdad salga a la luz y las personas responsables sean llevadas ante los tribunales.
Este proceso tiene el potencial de establecer un precedente importante en cuanto a la responsabilidad de las autoridades en situaciones de emergencia, especialmente en lo que respecta a la toma de decisiones en momentos críticos.
La tragedia de la dana de octubre debe servir como lección para las autoridades y los sistemas de gestión de emergencias. La falta de previsión y de una respuesta eficaz en momentos de crisis puede tener consecuencias devastadoras. Es esencial que, en el futuro, los sistemas de alerta se activen con antelación y que las autoridades asuman plenamente sus responsabilidades para evitar que incidentes como el de la dana vuelvan a ocurrir.
La reconstrucción y la justicia son los principales objetivos de los afectados, quienes siguen luchando por obtener respuestas y garantizar que sus derechos sean reconocidos y respetados.