Publicado el 28-01-2025 | Autor: Un cibernauta milenario
El Tribunal Supremo ha tomado una decisión importante al mantener a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, a pesar de la controversia en torno a su nombramiento. La decisión fue tomada por unanimidad, desestimando el recurso interpuesto por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que había solicitado la anulación de su nombramiento.
La APIF había acusado a García Ortiz de desviación de poder en su actuación durante su primer mandato, argumentando que su parcialidad hacia el Gobierno impedía que su nombramiento se ajustara a la ley. La asociación sustentaba su recurso en una sentencia previa del Tribunal Supremo que había cuestionado su actuación al anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada.
A pesar de estas críticas, García Ortiz defendió su posición, señalando que las acusaciones eran infundadas y motivadas por propaganda política para socavar al Gobierno que lo había designado.
El fallo del Tribunal Supremo llega en un momento clave, ya que García Ortiz se enfrenta a una investigación por presunta revelación de secretos en relación con el caso de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Este caso ha acaparado la atención de los medios y partidos políticos, ya que será la primera vez que el fiscal general declare como imputado.
El caso está vinculado a la filtración de correos electrónicos que involucraban a García Ortiz y al fiscal Julián Saltó. El juez que investiga el caso ha considerado que existen indicios de que García Ortiz desempeñó un papel relevante en la filtración, lo que podría tener graves repercusiones para su carrera.
El juez señala que la participación de García Ortiz en la filtración de estos correos podría haber sido motivada por su posición jerárquica en la Fiscalía, ya que su poder sobre otros fiscales podría haber influido en su capacidad para controlar el acceso a la información sensible.
Uno de los aspectos más intrigantes de la investigación es la posible conexión entre el caso y altos cargos de la Moncloa. Según los informes, los correos filtrados habrían llegado a la Presidencia del Gobierno, lo que añade una dimensión política al asunto. El juez aún no ha tomado medidas contra los responsables de Moncloa, pero la situación podría evolucionar a medida que se profundiza en la investigación.
Varios interrogantes siguen sin respuesta en el caso, como el motivo detrás del borrado de mensajes de un teléfono móvil utilizado por García Ortiz y la urgencia con la que se gestionaron los correos filtrados. Estas acciones han generado aún más dudas sobre la imparcialidad del fiscal general en el desempeño de su cargo.
La próxima declaración de García Ortiz ante el juez será crucial para esclarecer estos puntos y determinar si su futuro en el puesto de fiscal general está en riesgo. La expectación es máxima, y todos los ojos están puestos en lo que suceda a partir de ahora.